El Sr. Miller fue sentenciado, entre otras cosas, por cargos federales relacionados con amenazar a un juez del condado de Alachua. En los casos que involucran amenazas escritas, es importante analizar palabra por palabra todo el mensaje transmitido.
El Estado debe demostrar que el mensaje fue enviado con la intención de matar o causar daño corporal grave. Cuando se acusa a un acusado de amenazar a funcionarios públicos, la amenaza también debe ser específica y una expresión seria de la intención de cometer un acto de violencia. Yo diría que el mensaje no fue enviado con ninguna expresión seria y que la amenaza era general y carecía de la intención necesaria. En los casos que involucran amenazas a funcionarios no electos, el Gobierno también debe demostrar que el acusado tenía la intención de que la amenaza fuera verdadera. Una vez más, los mensajes generalizados con amenazas vagas a menudo no llegan al nivel de ser un delito penal.
También le corresponde al gobierno demostrar que el acusado fue el autor y el que envió la amenaza al individuo. A menudo, si bien el gobierno puede tener una amenaza escrita, es un asunto completamente diferente para ellos demostrar que el acusado la escribió. Si el gobierno no puede demostrar que el acusado escribió el mensaje en primer lugar, entonces el acusado no puede ser declarado culpable del delito. Yo buscaría defensas como discrepancias de escritura a mano entre el mensaje y la letra conocida del acusado. Si el mensaje se envía por correo electrónico o mensaje de texto, investigaría si la cuenta está asociada con el acusado o es conocida por él.
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